Hace algunos días se viene discutiendo sobre el carácter político de la marcha Ni Una Menos, en un abierto rechazo a la participación de partidos políticos en la protesta. Si bien creo que es importante proteger la Plataforma de personas ajenas que se adjudiquen su organización, creo que también es importante diferenciar entre los posibles significados del término ‘político’, y su relevancia en la lucha en contra de la violencia contra la mujer. 

Partiendo de lo más básico, la RAE engloba doce definiciones. Si bien una de ellas sustenta los temores que Lady Guillen y otras compañeras han tenido sobre el carácter de la marcha (1), otras definiciones hacen referencia a la relevancia de la participación ciudadana en la definición de agendas de Estado (2), así como al carácter estratégico de la actividad política en si misma (3). Así, si bien se puede concluir que la Marcha cumple con la segunda definición, quisiera argumentar que #NiUnaMenos no solo cuenta con un componente político sino que también lo necesita.

La violencia contra la mujer, tal como el contra-movimiento #NiUnoMenos y su #GolpearMujeresEsCultura ha ejemplificado, descansa fuertemente en estructuras culturales, donde la violencia doméstica y sexual está justificada siempre y cuando las mujeres -y a veces hombres- no cumplan con los que se espera de acuerdo a su género. Haciendo una mirada rápida a los Indicadores de Genero del INEI, en el 2014 al menos 32.3% de mujeres en el país reportaba haber sufrido de violencia domestica alguna vez, y 7.9% de violencia sexual por parte de sus propias parejas (4). Las justificaciones más frecuentes que las mismas mujeres suelen dar son el incumplimiento de las labores del hogar y/o la salida del hogar sin avisar (5).

Sumado a lo que lo que parece ser la naturalización de la violencia, las agresiones en el hogar también suelen venir acompañadas de altos niveles de dependencia. En Apurímac, donde al menos una de cada dos mujeres reconoce haber sufrido de violencia, las mujeres dedican 33.3 horas más que los hombres a labores reproductivas durante la semana. Una sobrecarga que ademas viene con sus propios pasivos: en la actualidad, cuatro de cada diez mujeres en el departamento admite no contar con ningún tipo de ingresos económicos, y seis de cada diez no logra terminar la educación secundaria (4). Sin estudios, sin experiencia y con menos tiempo para insertarse en el mercado laboral, percepciones sobre la poca capacidad de las mujeres para ejercer otro rol que no sea el de amas de casa son reforzadas y hasta tergiversadas bajo la excusa de tradición y naturaleza (6).

Lo que se arguye como cultural, sin embargo, es también dinámico. Factores como la colectivización de las demandas y el éxito en procesos de negociación en el pasado contribuyen a cambiar percepciones y normas sobre el rol de la mujer (7). Así, es justamente en las luchas por la representatividad y debate en múltiples niveles y dominios (e.g. el hogar, el barrio, el Estado, el Mercado Laboral) que las mujeres no solo transformamos las leyes y políticas que moldean nuestras oportunidades, sino que también contestamos los imaginarios sobre ‘mujer’ y ‘buena conducta’ que nos perjudican.

Entonces… ¿es la lucha contra la violencia contra la mujer política? ¡POR SUPUESTO!

Desde su aspecto más inmediato, la lucha por un mejor sistema de acceso a la justicia y atención en casos de violencia doméstica es territorio de debate. ¿Con quiénes? Pues con las mismas autoridades que definen las prioridades con las que se trabajara desde el Estado. Hoy en día, las agresiones psicológicas –consideradas como una falta y no un delito- son vistas como de menor calibre por el Sistema Judicial, pese a la evidencia sobre sus repercusiones sobre el bienestar de las mujeres y sus hijos (8) (9). La re-tipificación descansa principalmente en la desnaturalización de la violencia contra la mujer, un proceso que debe ser ejercitado no solo desde el hogar sino también desde la esfera pública. En este sentido, las dimensiones de la marcha sin duda ejercen una presión política importante sobre el nuevo Congreso, y la búsqueda de aliados dentro del Poder Legislativo y las Fuerzas Policiales puede ser una estrategia interesante para el logro de demandas tan específicas como la mencionada.

Por lo demás, la lucha contra la violencia contra la mujer no debe ignorar las dinámicas de exclusión económica, laboral y social que la fomentan. En Perú, incluso si las mujeres cuentan con una fuente de ingresos, su inserción en el mercado laboral suele ser en desventaja, ganando 30% menos que los hombres y trabajando principalmente en el sector informal. (10). Si bien la regulación laboral también responde a la supervisión del estado, como miembros de la sociedad civil también debemos cuestionar nuestra propia aproximación a la problemática de la inequidad de género en el trabajo. La negociación de ciertos beneficios quizás no solo deba darse entre hombres y mujeres, sino también entre mujeres que sin duda hemos gozado de mayores privilegios y que debemos estar dispuestas a cuestionar y balancear en las decisiones que tomemos, en cualquiera sea el dominio y nivel en el que tengamos influencia.

Finalmente, considero de igual relevancia el rol que movimientos como los de #NiUnaMenos tienen en la problematización y reconfiguración de identidades. A través de las redes sociales cientos de mujeres se animaron a compartir historias de agresión por primera vez, abriendo un espacio para su reafirmación no como víctimas sino como sobrevivientes. Desde mi perspectiva, aún más importante fue el surgimiento de debates entre las mismas mujeres sobre temas de vestimenta, aborto, y homosexualidad, que las empujan a encontrar sus propias posiciones y argumentos en un paso necesario para la organización.

En resumen, la lucha contra la violencia contra la mujer no solo ES sino que DEBE CONSIDERARSE política. Es al abrazar una agenda por la organización, representatividad, negociación que la lucha adquiere perspectiva de éxito. Como ciudadanos, al involucrarnos y buscar poner temas que consideramos importantes en la agenda ya estamos haciendo ejercicio de nuestro poder. Pero es cuando nuestras demandas se transforman en acuerdos, compromisos, leyes y estatutos que nuestras voces se concretan en logros sobre los cuales continuar trabajando.

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(1) d. 8 Actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos.

(2) d.9 Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo.

(3) d.11 Arte o traza con que se conduce un asunto o se emplean los medios para alcanzar un fin determinado.

(4) https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/brechas-de-genero-7913/

(5) INEI, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, 2011.

(6) Recordemos las lamentables declaraciones del Cardenal Juan Luis Cipriani, quien argumentaba en favor de la mantención de los roles de género bajo el sustento de que la “psicología masculina y femenina”.

(7) Agarwal, B. (1997) ‘Bargaining and Gender Relations: Within and Beyond Household.’ Feminist Economics, 3 (1) pp. 1-51

(8) Patro Hernandez, R. y Liminana Gras, R. (2005) ‘Víctimas de violencia familiar: Consecuencias psicológicas en hijos de mujeres maltratadas’. Anales de Psicología, 21 (1) pp. 11-17

(9) Pico-Alfonso, M., Garcia-Linares, I, Celda-Navarro, N, Blasco-Ros, C. Echeburua, E. y Martinez, M. (2006) ‘The Impact of Physical, Psychological, and Sexual Intimate Male Partner Violence on Women’s Mental Health: Depressive Symptoms, Posttraumatic Stress Disorder, State Anxiety, and Suicide’ Journal of Women’s Health, 15 (5) pp. 599-611

(10) http://peru21.pe/actualidad/solo-22-trabajadoras-peruanas-tiene-empleo-formal-2217424